Ucetrama emitió un comunicado a la opinión pública donde rechazan que exista una regulada del servicio como mecanismo de presión en tiempo de pandemia.

“Lo que lastimosamente se puede ver en las calles es una caída del servicio como consecuencia de una negligente administración de la pandemia y su efecto directamente relacionado al transporte público en general”, menciona parte de la nota.

Sostiene que el sector se encuentra acorralado en razón a que debe seguir prestando un servicio esencial garantizado por la Constitución Nacional hasta con connotaciones penales si no lo llegara a hacer. Por otro lado, ya no tienen manera de seguir prestando el mismo, en condiciones exigidas con las mismas connotaciones si no se cumple.

Solicita al Viceministerio de Transporte que se manifieste con sinceridad sobre la situación del transporte, especialmente porque es el ‘capitán’ de este barco. En consecuencia, a la responsabilidad que se le ha otorgado y si el mismo no clarifica la situación de la misma no mejorará.

En tal sentido, pide buscar una solución a fondo y urgente. Además, ven con buenos ojos las acciones judiciales que se estarían planteando, y que ellos mismos accionarán a fin que se aclare la verdad y que el o los responsables asuman las consecuencias.

Pide también que no se permita que caiga el billetaje electrónico como herramienta de transparencia, que las empresas de transporte dejen de ser intermediarias en el cobro de subsidio y se asigne al usuario por cada utilización del servicio.

Por último, recomiendan que el Consejo de Tarifa se reúna urgentemente y se tomen las medidas a fin de paliar la situación.

Transporte Público: UCETRAMA rechaza el término “regulada”

En un comunicado sostienen que lo que se ve en las calles es una caída del servicio debido a la crisis generada por la pandemia. #1020AM pic.twitter.com/I8eUXNBtgR

— Radio Ñandutí (@nanduti) March 17, 2021

De acuerdo a Riera, la inversión será de más de 92 millones de dólares por tres años, y para diciembre, se prevé destinar 20 millones para dotar a los policías en servicio y los nuevos que se incorporarán.

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“Nosotros queremos tener toda la policía equipada antes de fin de año. Nuestra idea es que los proveedores cobren 1/3 y ellos aguanten dos años para cobrar los 2/3, pero mientras tanto la policía ya tenga todo, chalecos, cámaras, motos, armas”, expresó el ministro del Interior.

El episodio en el que un policía captó la falta de atención que sufrió una mujer con fractura múltiple en el hospital Barrio Obrero, trajo al tapete el uso de la tecnología en filas policiales y, sobre eso, Riera sostuvo que el equipamiento también incluirá la compra de cámaras corporales, bodycam.

Con el apoyo de Itaipú también se incorporarán 500 nuevas patrulleras, de las cuales 80 serían entregadas durante el mes de junio.

Riera explicó que los fondos también serán utilizados para la interconexión del sistema 911 con cámaras de comercios privados, como locales comerciales de 24 horas, supermercados, farmacias y otros.

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Julián Tomás Ayala, el papá de la pequeña, señaló en su denuncia que retiró a su hija de la casa de su madre, como parte de un trato amistoso al que llegó con la mujer, después de un proceso consensuado de separación.

Refiere que, al devolver a la niña con su madre, le dijo que había visto que la chiquita tenía una irritación, y que le lleve a un médico para que le recete algún medicamento tópico.

La mujer consultó con una doctora (identificada en la denuncia fiscal), quien emitió un informe a la Policía Nacional (y por ende al Ministerio Público) en el que señalaba que la menor sufrió un abuso.

Pero el drama del papá de la nena no paró, ya que el caso fue ventilado a los medios, y en el sitio laboral del hombre lo despidieron de su cargo, en un taller mecánico.

El abogado Miguel Godoy, representante de Tomás Julián, señaló que el perjuicio contra su cliente es significativo, en el campo económico y en lo moral.

“Mi cliente expresa que nada podrá borrar el enorme perjuicio moral que le causó la denuncia falsa de la doctora. Y estamos evaluando que, además de las disculpas, que la justicia defina una sanción ejemplar en todo sentido”, expresó Godoy en comunicación con la 1020 AM.

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Además de realizar evaluaciones sanitarias y dar tratamiento a personas que padecían cuadros respiratorios, dolores articulares y curaciones por heridas, manifestó el Dr. Hugo Valdez, coordinador de Asistencia Sanitaria en Emergencias y Desastres (ASANED).

“Se realizaron 21 evaluaciones en el albergue de la SEN en la Costanera, además se inició el tratamiento a 6 personas, que tenían dificultades respiratorias y dolores articulares. También se procedió a realizar curaciones de heridas”, señaló el Dr. Valdez.

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Agregó que las atenciones comenzaron el sábado, continuaron ayer domingo y seguirán en los próximos días, ya que se pronostican temperaturas menores de 10 grados, condición para activar el Operativo Invierno.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud tiene como misión coordinar la atención médica en el albergue de la SEN en la Costanera de Asunción. Se encarga además de eventuales evacuaciones de urgencia a centros asistenciales cercanos. Algunas gobernaciones también tienen prevista la habilitación de lugares de asistencia para los que están en situación de calle y en esos casos las tareas se coordinan con las regiones sanitarias.

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Para la atención sanitaria del albergue de la Costanera están afectados el Hospital General de Barrio Obrero, el Hospital del Indígena y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).